Manuel Castellanos,presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil, ha intervenido en numerosas causas judiciales abiertas a raíz de siniestros como el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros de Murcia. Además, del proceso de Alcalá 20, registrado en 1983, ha colaborado en el caso Madrid Arena, en el que perdieron la vida cinco jóvenes en noviembre de 2012.
Pregunta: El proceso de Alcalá 20 terminó con una condena de dos años para uno de los responsables. ¿Puede ocurrir lo mismo en Murcia?
Respuesta: Lo que pasó allí va a ser el preámbulo de lo que pasa aquí. Va a haber un proceso penal con un montón de acusaciones, que va a terminar en un juicio en la Audiencia Provincial. Por el incendio de Madrid se condenó a un funcionario del Ministerio del Interior por una inspección defectuosa que hizo a la discoteca y que dio el visto bueno a las medidas de seguridad, aunque no eran las adecuadas. Y se indemnizó nada más que con 13 millones de pesetas (78.131 euros) a cada familiar de los fallecidos.
P: También en Murcia parece que puede haber una responsabilidad de los funcionarios municipales.
R: Lo que pasará es que todo el proceso penal versará sobre la adecuación de las medidas contra incendios: si eran las adecuadas y si el empresario las tenía correctamente instaladas; si no las tenía, o si, siendo adecuadas o no adecuadas, la Concejalía al inspeccionarlas les dio el visto bueno. Entonces el empresario se convierte en una persona que está trabajando de buena fe, porque si la Administración lo inspecciona y le dice que lo que tiene es correcto, eludiría su responsabilidad penal.
P: Pero aquí no tienen ni licencia.
R: En Murcia el expediente de cierre se inició porque el empresario solicitó que Teatre se dividiera en dos: Teatre y Fonda Milagros. Esa diversificación no pasó el filtro de la Concejalía de Urbanismo y por eso se está hablando del cierre. La explicación es que cuando tú metes una pared de pladur en un local, el extintor que estaba en un sitio deja de estar accesible en el otro y tampoco hay las mismas vías de escape. Por eso denegaron la licencia. Lo que no sabemos es cómo está esa licencia. Si estaba en fase de alegaciones, no había una orden ejecutiva de clausura. Si había una orden definitiva de clausura y el empresario le dijo al inspector que estaba haciendo alegaciones, él lo puso en el acta, pero luego no lo comprobó. Si lo que le dijo el empresario no hubiera sido cierto, tendría que haber vuelto a cerrar el local, pero no lo hizo. El empresario va a decir que la culpa es del Ayuntamiento porque no hizo seguimiento y el Consistorio dirá que la culpa es del empresario porque tenía una orden de clausura.
R: Es difícil entender que la empresa modifique un local sin autorización y que el Ayuntamiento no actúe con más contundencia, a pesar del riesgo.
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