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Las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico han manifestado su «profunda preocupación y alarma» ante lo que consideran una «deficiente formación y actualización de conocimientos» en un número significativo de médicos forenses. Así lo ha explicado Manuel Castellanos, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes (ANAVA), en el programa ‘Luz de cruce‘ de la cadena Cope, donde ha denunciado la creciente frecuencia de informes periciales con errores que perjudican gravemente a los lesionados. Aunque puntualiza su máximo respeto a una institución de gran pretigio, y que no se extiende a todos los forenses; pero se ha detectado un número preocupante de casos.
Castellanos atribuye estos fallos a una «insuficiente actualización sobre el marco normativo vigente del baremo», modificado en 2015 y 2025. Según el presidente de ANAVA, estos errores provocan que el informe forense sea «peor a lo que hace la compañía de seguros obligada del pago«, lo que impide a la víctima acudir por la vía penal. Para ilustrar la magnitud del problema, relató un caso extremo: «Tengo un caso gravísimo de un motorista que le amputaron una pierna, y el forense le puso amputación y perjuicio estético ligero».
''La forense se equivocó por 600.000 euros" Manuel Castellanos, Presidente de ANAVA-RC
El abogado ha detallado que en el juicio civil posterior, se demostró que «la forense se equivocó por 600.000 euros, nada más que por 600.000 euros». Castellanos ha lamentado que si un letrado comete un error de esa magnitud se enfrenta a una demanda, pero en el caso de los forenses, la reclamación es contra el Estado por error judicial. Esto, ha dicho, «supone un perjuicio gravísimo al derecho de la total restitución de la víctima» porque los jueces suelen hacer caso al forense frente a los informes privados».
Otra de las quejas se centra en la calidad de los informes, calificados como «escuetos» y redactados en un «lenguaje técnico opaco» que dificulta la comprensión por parte de la víctima. Castellanos ha criticado que a menudo se limitan a rellenar formularios «con crucecitas» sin explicar ni valorar adecuadamente el daño. La situación llega al punto de que, según ha afirmado, en algunos lugares se emiten valoraciones sin ni siquiera un reconocimiento físico.
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