urante los pasados 2 y 3 de marzo el V Congreso Nacional de Abogados de Víctimas y de Responsabilidad Civil (ANAVA-RC), reunió a más 200 expertos en la materia.
A lo largo de estas jornadas de trabajo las ponencias de Antonio del Moral, magistrado de la Sala Segunda de la Sala Penal, de Luis Del Río, Fiscal de Sala de Seguridad Vial o la intervención de Eugenio Ribón, decano del ICAM, entre otras sirvieron para ahondar en la problemática de este colectivo.
En su intervención, Ribón subrayó que tras las últimas reformas normativas se ha mermado el derecho de las víctimas de accidentes “dando el legislador más voz al ramo asegurador que a las propias víctimas”. En este sentido, el decano ha recordado que es necesaria “una reforma del baremo indemnizatorio de tráfico que ayude a compensar plenamente las lesiones de las víctimas de accidentes” ya que “en situaciones calamitosas es cuando más auxilio se necesita y el actual baremo indemnizatorio se aparta de ese principio y de esa realidad”.
Con una postura clara en defensa a las personas más vulnerables, el decano ha asegurado que el ICAM “estará muy cerca de las víctimas y de los profesionales de la abogacía que defienden sus derechos” para evitar que sus reclamaciones supongan, como ocurre hoy en día, “un camino largo, tortuoso, caro, y lleno de trabas, sin que exista una consciencia en la Administración del Estado y de Justicia”.
Eugenio Ribón explica a los abogados y juristas vinculados a víctimas que el baremo de tráfico hay que modificarlo. (Foto: E&J)
“Desde el ICAM vamos a ayudar a conseguir un régimen de costas procesales beneficioso para las víctimas, un incremento de los intereses moratorios por el incumplimiento de las obligaciones del sector asegurador y una dirección general de seguros que sea un verdadero regulador con poder sancionador real, efectivo y transparente”, ha asegurado Ribón.
A lo largo de dos jornadas, este Congreso ha abordado temas como los daños y perjuicios para los sanitarios por exposición al SARS-CoV-2, el resarcimiento de los gastos de asistencia sanitaria en siniestros de circulación, la responsabilidad civil en los accidentes transfronterizos, las peculiaridades del ejercicio de la acción civil en el proceso penal o la reforma del Código Penal en materia de circulación vial su procedimiento y auto de título ejecutivo, entre otros.
La huelga de los LAJS, un problema
El otro tema de conversación entre mesa y mesa fue la huelga de los LAJs que ya supera las seis semanas desde su inicio el pasado 24 de enero. Este paro ha suspendido muchos juicios y retrasado notificaciones. Lo peor es que abogados y procuradores de víctimas se desplazan al juzgado y solo conocen de su suspensión minutos antes de la celebración d la vista.
La intervención de Antonio del Moral, magistrado de la Sala Segunda, se centró en abordar la última jurisprudencia del TS sobre la responsabilidad civil en el proceso penal. “Es un tema con muchas aristas, es un tema civil que vemos los penalistas que a veces lo deformamos”.
En declaraciones a Economist & Jurist, destacó que “la idea general es que la responsabilidad civil nacida de delito es un tema civil en el que no hay presunción de inocencia, donde no rige el principio acusatorio. Eso obliga al juez penal a ponerse unas gafas civiles cuando tiene que enfrentarse a la responsabilidad civil”.
Sobre el tema de las víctimas de accidentes, este magistrado indicó que “es complicado lograr un resarcimiento total. La justicia humana no vuelve las cosas a como estaban antes. Quien ha sufrido un delito no va a volver al estado anterior, mucho menos si hay homicidio y lesiones graves. Se trata de tener compensaciones razonables. Pero por mucho que se suban esas indemnizaciones no deja de ser un remedio porque el delito conlleva un mal consigo”.”
En cuanto a la reforma del Código penal en materia de imprudencias, Del Moral subraya que “cambiar tanto un Código Penal genera más perjuicios siempre que beneficios. No hay estabilidad ni seguridad jurídica. Esta reforma es complicada, si la tomamos literalmente convierte el delito leve en las faltas de hace diez años que se suprimieron. Ahora las imprudencias todas aparecen como delitos leves”.
La protección a las víctimas, clave
Por su parte Luis del Río, Fiscal de Sala de Seguridad Vial, explicó a los asistentes el funcionamiento de su Fiscalía, con delegados en todo el territorio nacional. Reiteró que las víctimas ocupan un lugar importante dentro de la actuación del Ministerio Fiscal. “Eso lo impone nuestro estatuto orgánico, también la LECrim como el propio Estatuto de la Víctima donde se indican las obligaciones y deberes que tenemos en relación a este colectivo”.
Para este jurista “el pleno resarcimiento de las víctimas no es fácil de lograr, el propio preámbulo del Estatuto de la Victima establece que no debemos limitarnos a reparar el daño a través del marco del proceso penal, sino que sea más amplio, es decir, intentar en la medida de lo posible que todos los efectos traumáticos la actuación posterior del siniestro vial sea lo más llevadero posible, sobre todo teniendo en cuenta el ámbito moral, económico o social. Todos los que intervenimos debemos apoyar a las víctimas”.
Del Río adelantó que está preparando un dictamen sobre la última reforma de la normativa de la DGT que cumple ahora aun año. “Es previsible que saquemos ese dictamen como fruto de la deliberación interna que estamos haciendo para ver si emitimos criterios generales de actuación, tanto a los componentes del Ministerio Fiscal como a las políticas de tráfico”.
